Barcelona

Qs de la Cambra

Para poder alquilar la vivienda es necesario disponer de un título que acredite la propiedad o el derecho a disfrutar de los frutos del bien (usufructo). También es necesario disponer del certificado de eficiencia energética y de la cédula de habitabilidad en vigor.
Estos documentos deben acompañarse al contrato de arrendamiento junto con el índice de referencia de precios de alquiler.

La Ley aplicable a todos los contratos desde el 1 de enero de 1995, es la Ley 29/1994 de 24 de noviembre de 1994.

Esta norma se ha modificado en distintas ocasiones. La última modificación ha sido mediante el Real Decreto-Ley, 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

Es el documento administrativo que acredita que una vivienda cumple con las condiciones mínimas de habitabilidad según la normativa vigente. La cédula también indica el número de personas que pueden ocupar una vivienda.

El certificado de eficiencia energética es el documento que acredita que la vivienda tiene una determinada calificación energética y se acredita con la etiqueta de eficiencia energética (obligatorio desde el 1 de junio de 2013).

Es un indicador, de carácter informativo, que permite conocer el precio medio calculado por la administración del metro cuadrado de alquiler de una vivienda ubicada en una zona determinada y con unas características específicas.
Actualmente, la Ley del “Derecho a la Vivienda”, obliga a hacer constar, de forma informativa, este índice en el contrato de arrendamiento.

La duración del alquiler es libre. Ahora bien, la Ley de arrendamientos Urbanos obliga a que el arrendador se someta a unas prórrogas legales obligatorias si se pacta por una duración inferior a la mínima establecida por la ley. En el caso de las personas físicas estas prórrogas obligatorias tendrán que respetar una duración mínima de 5 años desde la firma del contrato y, en caso de las personas jurídicas, como mínimo 7 años.

La que libremente pacten las partes en el contrato.

Desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley, 7/2019, de 1 de marzo, el plazo de preaviso que debe respetar el arrendador para notificar la finalización del contrato al arrendatario es, como mínimo, de 4 meses. En el caso del arrendatario, será de 2 meses de antelación.

Actualmente la renta no está sometida a ninguna limitación. Las partes podrán pactar libremente su importe.

De acuerdo con la Ley de Arrendamientos Urbanos, es obligatorio depositar una fianza en el INCASUEL. En los casos de arrendamientos de vivienda el mínimo legal deberá ser una mensualidad de la renta y un máximo de tres mensualidades de la misma. En los casos de arrendamientos de uso distinto a vivienda el mínimo legal obligatorio será de dos mensualidades y no tendremos máximo legal.

Sí, una persona jurídica podría ser inquilino siempre que tenga la capacidad de contratar y obligarse mediante un representante legal.

La vivienda debe alquilarse con las condiciones mínimas de habitabilidad. Por tanto, la instalación de agua, electricidad y gas deben estar en la finca. Sin embargo, no es un requisito legal que los suministros estén dados de alta si así se acuerda en el contrato de arrendamiento. Una vivienda podría ser arrendada con las instalaciones adecuadas pero con los suministros dados de baja.

En Cataluña, las comunidades de propietarios se regulan en el Libro Quinto del Código Civil de Cataluña.

El funcionamiento de la Comunidad se regirá por la Ley cuando su aplicación sea obligatoria. En segundo lugar, por las especificidades contenidas en el Título Constitutivo de la Comunidad, por sus Estatutos y por los acuerdos debidamente adoptados por la Junta de propietarios.

Los Estatutos complementan y desarrollan aspectos de la Ley de la Propiedad Horizontal y detallan los derechos y obligaciones de los propietarios que forman parte de la comunidad.

Las normas de régimen interno son las normas acordadas por la Junta de propietarios para regular los detalles de la convivencia así como la adecuada utilización de los servicios y espacios comunes, de acuerdo con la ley y los Estatutos.

No es obligatorio, sin embargo, es aconsejable para poder complementar aquellos temas o peculiaridades que la Ley no prevé.
Para que resulten de obligado cumplimiento para todos los propietarios, deben estar registrados en el Registro de la Propiedad.

Los órganos de la comunidad son la presidencia, la secretaría y la junta de propietarios.

El cargo de presidente debe ser ejercido por un propietario. La secretaría puede ser ejercida por un propietario o por una persona externa que asuma sus funciones de administración (las funciones de administración incluyen las de secretaría).

Los cargos son designados por la Junta de Propietarios.

Los cargos son anuales y reelegibles. La designación, en caso de falta de candidatos, se realizará por turno rotatorio o por sorteo entre las personas que no han ejercido el cargo.

Los cargos son obligatorios y gratuitos, pero la Junta puede establecer que se puedan resarcir los gastos derivados de su ejercicio. En caso de designarse un administrador profesional, este cargo no es gratuito y se tendrán que pactar con el profesional designado los honorarios a percibir por él.

La Junta debe reunirse, al menos, de forma ordinaria, una vez al año para designar los cargos, aprobar cuentas y presupuestos.
Además, también se convocará una Junta de Propietarios cuando lo considere conveniente el Presidente o ¼ parte de los propietarios que representen ¼ parte de las cuotas de participación.

Una reunión ordinaria debe convocarse como mínimo con 8 días naturales de antelación.
La reunión extraordinaria debe convocarse con el plazo mínimo necesario para que todo el mundo pueda estar enterado.

Si quiero que se hable un asunto en la reunión, tendré que enviar un escrito al presidente, antes de la convocatoria, para que lo incluya en el orden del día.

La junta designa a un propietario de entre los asistentes para que la presida.

Tienen derecho a votar en la junta a los propietarios que no tengan deudas pendientes con la comunidad.
Los propietarios que tengan deudas pendientes con la Comunidad tienen derecho a votar si acreditan que han consignado judicial o notarialmente su importe antes de la celebración de la junta.

El Acta debe enviarse a todos los propietarios en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente de la reunión de la Junta.

Deben enviarme el Acta a la dirección que he facilitado en la secretaría. Si no he facilitado ninguna, tendrán que enviarla al departamento del que soy titular.